La Constitución es la base del ordenamiento jurídico holandés. Por norma general, la Constitución está por encima de todas las otras leyes y es difícil de modificar. En ella se establecen la monarquía y la democracia parlamentaria, así como las competencias del parlamento, los ministros y el Rey o la Reina. La Constitución también regula el funcionamiento de los municipios y las provincias, la forma en que deben redactarse las leyes y la organización de la administración de justicia. En ella se incluyen los derechos fundamentales de todos los holandeses, tales como la libertad de expresión, la libertad religiosa y de educación y el derecho a la igualdad de trato. En la Constitución se consignan también las obligaciones y deberes de los ciudadanos, como la escolaridad obligatoria y las obligaciones fiscales. El Estado holandés funciona en base a la separación clásica de los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El gobierno y el parlamento redactan conjuntamente las leyes. El gobierno se encarga de su ejecución, bajo la supervisión del parlamento. Los jueces independientes velan por el cumplimiento de las leyes.